Una transferencia a una sociedad española no termina el trabajo. ¿Alguien te ha dicho que la inversión puede tener que declararse además en un registro público?

Conforme al Real Decreto 571/2023, las inversiones exteriores se declaran al Registro de Inversiones, que depende de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. La declaración es obligatoria y se hace después de la inversión. Los supuestos principales son:

Quién presenta y cuándo

Por regla general, presenta el inversor no residente. Cuando un notario español ha intervenido en la operación, el notario remite la información a través del consejo notarial, y el inversor que le ha facilitado todos los datos queda dispensado de presentarla. Las gestoras presentan la declaración de las instituciones de inversión colectiva.

Para las inversiones en acciones o participaciones y similares, el modelo es el D-1A, que se presenta por vía electrónica en el plazo de un mes desde la inversión. Si la operación es notarial, el plazo empieza con la formalización ante notario. Para las acciones nominativas, empieza cuando el accionista se inscribe en el libro registro de acciones nominativas. La desinversión se declara en el modelo D-1B. Algunas sociedades españolas con un 10% o más de capital extranjero deben además presentar una declaración anual, el modelo D-4, por ejemplo cuando el capital o el patrimonio neto supera los 3.000.000 de euros.

Las inversiones con origen en jurisdicciones de la lista española de jurisdicciones no cooperativas siguen una regla más estricta. En algunos casos deben declararse también antes del cierre, en el modelo DP-1 o DP-2. Los incumplimientos se rigen por el régimen sancionador de la Ley 19/2003.

Una nota sobre la autorización previa

Es un trámite distinto de la declaración. El artículo 7 bis de la Ley 19/2003 suspende la libertad de inversión, de modo que se exige autorización previa, para ciertas inversiones directas en sectores sensibles enumerados. Entre ellos están las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y los sectores que manejan datos personales sensibles. Se aplica a inversores con sede fuera de la UE y de la AELC, o controlados en más de un 25% por estas personas, que alcancen el 10% o el control. Una operación cerrada sin la autorización exigida carece de efectos jurídicos hasta que se regulariza. Se han aplicado normas temporales distintas a los inversores de la UE y de la AELC, así que comprueba la situación vigente antes de firmar.

Imagina una sociedad holding neerlandesa que suscribe ante notario todas las participaciones de una nueva SL de Barcelona. El notario se ocupa de la presentación, siempre que el holding le haya facilitado sus datos. Ahora imagina que ese mismo holding compra una participación minoritaria mediante contrato privado. Entonces es el holding quien presenta el modelo D-1A.

Cierra la operación y presenta la declaración dentro del mes.

Este artículo refleja la situación en la fecha de su publicación. Las normas cambian, así que contrástalas con tu caso antes de actuar.

Fuentes